Además de dicha orden, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior a través de una decisión de tutela hacer un censo en todas las salas penales del país para conocer las cifras de los procesos represados y crear un sistema de alertas para identificar los despachos congestionados.

Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de garantizar el acceso físico o electrónico al expediente, entendido en su conjunto y no a partir de algunas piezas procesales.

Los desplazamientos que adelanten dichos funcionarios a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen.

El Consejo de Estado adoptó dicha decisión al resolver una demanda de nulidad electoral presentada en contra de dicha elección. Aprovechó para unificar la jurisprudencia respecto al alcance de una expresión del artículo 31 de la Ley 617 del 2000.

El Consejo de Estado encontró que en este caso se configuró la fuerza mayor, lo que exime al Estado de su responsabilidad. El alto tribunal recordó los elementos que deben concurrir para que esta se configure.

Corresponde a la administración valorar en cada caso concreto y particular las condiciones particulares del trabajador.

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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la sentencia de primera instancia, que declaró responsable disciplinariamente a un abogado.

El Consejo Superior de la Judicatura dio a conocer la lista de preseleccionados para ocupar las vacantes que quedarían abiertas dentro de las salas Penal, Civil y Laboral luego de que cuatro magistrados actuales terminen sus periodos. En total fueron escogidos 112 candidatos.

Este dictamen es una prueba que, en la medida de lo posible, se valora y solamente cuando es imposible su apreciación para llegar a la realidad material se incurre en un error grave.