Las disposiciones desconocían normativa sobre sobre facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República.

Será el próximo 18 de octubre y en formato virtual.

Declaran inexequible la expresión “en primer grado de consanguinidad” del artículo 24 de la Ley 2121 del 2021, sobre trabajo remoto.

Con un monto de $ 30,9 billones, equivalentes a 1,7 % del PIB, el 82,5 % de los ingresos corresponde a ingresos corrientes y el 17,5 % restante proviene de rendimientos financieros.

Dificultades que afrontan los venezolanos exigen permitir excepcionalmente su ingreso a cárceles con su cédula de ciudadanía.

Sin efecto reintegro de futbolista al no verificar que sus condiciones físicas fueran compatibles con la labor desempeñada u otra.

Usualmente, quienes buscan erosionar los sistemas de control argumentan la ilegitimidad de las instituciones que de alguna manera se interponen a la voluntad de la mayoría.

La administración de justicia cumple con el mandato de la Corte Constitucional de difundir la Sentencia T-323/24.

Con efectos inter comunis, se protegieron los derechos de todas las personas privadas de la libertad en dichos establecimientos.

Aunque se inadmitió casación, la decisión se refirió a las personas condenadas como mujeres por su identidad trans.

La medida busca abordar y resolver las alteraciones en el servicio público de transporte, promoviendo así la eficiencia y calidad en la movilidad.

La semana pasada se incluyeron a las mascotas en el listado que prevé el CGP sobre bienes que no pueden embargarse.

Se ordenó a la UARIV emitir un nuevo acto incluyendo a la accionante en el RUV por el hecho victimizante de secuestro.

Este mecanismo busca regularizar la situación migratoria de los representantes de menores venezolanos en Colombia.

Destaca la necesidad de un nuevo modelo de producción que sea más colectivo y que renuncie a energías contaminantes.

El resguardo indígena accionado incurrió en un defecto orgánico, pues adelantó el juzgamiento de la desaparición de una mujer.

No corresponde a las autoridades públicas establecer ni mucho menos exigir permisos, licencias o requisitos adicionales.

En única instancia, los cuestionados fueron condenados como coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (23 al 27 de septiembre).

Aclaran aspectos relativos a la causal de doble militancia por apoyo a un candidato.

El decreto se enmarca en el contexto de la Ley 70 de 1993, que reconoce y protege los derechos de las comunidades negras en Colombia.

La decisión busca proteger derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de los tenedores.

Los departamentos ostentan potestades de carácter complementario, es decir, auxilian a los municipios que lo requieran.

El ministro Bonilla destacó la importancia de aprobar el proyecto de ley de financiamiento, el cual busca recaudar $ 12 billones esenciales para el presupuesto del 2025.

La norma creó prohibiciones, con el fin de generar austeridad en el gasto de cerca de 2 billones de pesos anuales, según los autores.

La accionante debió solicitar la rectificación de la información al exalcalde, pues se trata de un prerrequisito del amparo.

Exhortan a la Alcaldía de Cali a formular política que atienda necesidades de vendedores informales afectados por restitución de bienes.

Entre otras razones, el demandante sostiene que el cambio subvirtió la regla general de acceso a la función pública.

La demanda se interpone en contra del artículo 80 de la Ley 1617 del 2013.

Cualquier afectación a la JEP podría generar inestabilidad institucional y un desconocimiento de la Constitución.

Derechos a la igualdad y al trabajo pueden ser eventualmente vulnerados si no se evalúa la posibilidad de reubicación.

A la accionante, migrante extranjera, le impusieron barreras administrativas injustificadas que agravaron su situación de vulnerabilidad.

Se desarrollan mesas técnicas con Minsalud y otras entidades para fortalecer las estrategias de bienestar en las universidades.

Aunque hay dos tipos penales con el nombre de receptación, el legislador no hizo ninguna distinción.

El CNE malinterpretó los efectos inter comunis dispuestos en la Sentencia SU-257 del 2021 de la Corte Constitucional.

Las entidades territoriales y promotoras de salud deben implementar políticas inclusivas y acciones afirmativas para garantizar el acceso a servicios dignos y respetuosos.

La diligencia, que se celebrará el 7 de octubre, busca aclarar aspectos sobre monopolio de la producción de licores a nivel territorial.

No desde el momento en que los herederos conocen de la existencia del hijo impugnado, como pretendía la censura.

La decisión obedece al cumplimiento de la Sentencia C-148/24, que declaró condicionalmente exequible el artículo 32 de la Ley 906/04.

La frase reprochada tiene alto contenido discriminatorio, pues intenta excluir a la ciudadanía crítica y opositora del gobierno de turno, dijo el Consejo de Estado.

Los pactos colectivos no pueden menoscabar el derecho de negociación colectiva ni de asociación sindical.

El mandatario hizo afirmaciones contra Vargas Lleras por irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de una EPS.

Tutelan derechos de hombre al que asignaron vivienda, pero estaba ocupada irregularmente por otra víctima de desplazamiento.

La designación debe adelantarse solo cuando se elija al representante del resguardo Asowilches y su suplente.

México se encuentra en un momento crucial para la historia. La reforma judicial pone en riesgo la independencia, la imparcialidad y la autonomía del poder judicial.

Ordenan a la EAAB reparar vivienda afectada por filtraciones de agua provenientes de sus redes.

Sentencia C-030 del 2023, sobre protección de derechos políticos con principios constitucionales, debe ser cumplida por todas las autoridades.

El proceso incluye encuentros presenciales y virtuales para garantizar que las voces de las familias y organizaciones sean escuchadas en la formulación de la política.

Perdieron fuerza ejecutoria y no están produciendo efectos, de acuerdo con modificaciones efectuadas por la Resolución 2492 del 2022.

El Gobierno tiene seis meses para reglamentar la aplicación de la norma en los diferentes niveles del poder público.

El juez de instancia no podía remitirse al Acuerdo 049 de 1990 para conceder incrementos por fuera de lo debido legalmente.

Trámite de naturaleza administrativa no puede convertirse en barrera para acceso oportuno y de calidad al sistema de salud.

Circunstancias excepcionales como el desplazamiento forzado pueden enfrentarse con las TIC para la continuidad en el servicio.

La demanda fue presentada por el ex superintendente de Industria y Comercio Gustavo Valbuena Quiñones.

La legislación prevé que el registro de la propiedad inmueble será un servicio público esencial prestado por el Estado.

De acuerdo con el escrito, la norma viola el principio de equidad tributaria.

La función social de los bienes se entiende como el deber de diligencia y adopción de medidas para protegerlos.

Enfatizó que la reducción de inversión social afectará la reforma agraria, educación y otros programas clave para los más pobres.

Una CPI más activa y colaborativa será garante de que los crímenes internacionales se enfrenten con la fuerza de la justicia global.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (9 al 13 de septiembre).

Es deber inaplazable del Estado salvaguardar derechos a la vida e integridad personal de los líderes sociales.

Petro asegura que se está gestando un golpe de Estado en Colombia, utilizando mecanismos administrativos ilegítimos.

Se proveerán cargos de magistrado en las secciones Segunda, Tercera y Cuarta.

La ausencia de capacidad económica se verifica bajo criterios de gastos soportables y principio de proporcionalidad.

Prestará sus servicios de manera presencial en Bogotá y de manera virtual para todo el territorio nacional.

Improcedente tutela de excandidato a la Alcaldía de Bogotá que no fue invitado a debates políticos de varios medios de comunicación.

Para el alto tribunal, dicha anulación de sanciones desconoció que el Ministerio Público ejerció sus competencias para disciplinar a los servidores públicos de elección popular.

El director del DNP, Alexander López, destaca la necesidad de aprobar el presupuesto 2025 para asegurar la inversión pública mínima.

El amparo, señaló la Corte Constitucional, se extiende a aquellas mujeres que han tenido una pérdida gestacional.

No pueden imponer un credo particular y deben garantizar alternativas en ejercicio de la libertad de cultos.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma oficial del Ministerio del Interior.

No se acreditó la supuesta manipulación probatoria, ni se demostró falta de idoneidad de otros medios menos lesivos.

Mantener en reserva la convivencia es un acto amparado por los derechos a la intimidad personal y familiar.

Juez penal puede realizar control a los actos de imputación o acusación en temas como tipicidad, legalidad o debido proceso.

Las obligaciones tributarias adquiridas por una persona natural antes de la constitución de la persona jurídica seguirán siendo responsabilidad de esta última.

El fin constitucional perseguido por la norma resulta imperioso, en concordancia con la expresa cláusula de inalienabilidad superior.

La directiva fue elaborada con el apoyo de la CIDH y busca prevenir la estigmatización de los medios.

El próximo jueves, los aspirantes serán escuchados en audiencia pública en la Sala Plena del alto tribunal.

La accionada aplicó una concepción estereotipada de cómo deben vivir en familia dos ancianos con enfermedades complejas.

El presupuesto del 2025 se ajustará a las restricciones fiscales, priorizando el gasto social y la protección de los más vulnerables.

Por perjuicios morales, se reconoció a favor del demandante la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Regulación y aplicación del derecho de preferencia previsto en el Estatuto de Notariado está sometido a reserva de ley.

Según Presidencia, las afirmaciones recaen sobre personas con alto reconocimiento público y, por ende, expuestas a un escrutinio más exigente.

Artículo 340 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incumplió principios de consecutividad e identidad flexible.

La iniciativa enfatizaría en la interculturalidad y el respeto por los derechos de estas poblaciones.

Las reflexiones de la última semana se refieren al ‘back-scratching’, un caso de abuso sexual en Francia, el papel de la víctima en el sistema penal y los ríos como sujetos de derechos.

El Consejo de Estado rectificó su posición anterior, según la cual el daño solo era imputable si tenía nexo con el servicio.

Publican fallo que declaró condicionalmente exequible el artículo 118 del Decreto 1260 de 1970, modificado por la Ley 962 del 2005.

Se amplía el reconocimiento de víctimas a personas que sufrieron daños desde 1985, incluyendo aquellos que viven en el extranjero.

Resulta desproporcionado exigir a una mujer cumplir un convenio de custodia que mantiene condiciones de violencia.

Confirmación de fallo que declaró responsabilidad frente a mujeres privadas de la libertad no desarrolla régimen de responsabilidad objetiva.

El acuerdo priorizaría la paz, la alternancia democrática y las reformas sociales.

Mantienen investidura del representante a la Cámara David Racero, cuya coalición presentó listas mediante voto no preferente.

Se invitó a la accionante, firmante de paz, a utilizar el depositario del que dispone el ICBF para que deje sus datos de ubicación.

Se hace necesario corroborar lo declarado por el asegurado y cerciorarse que la condición informada sí corresponda a la realidad.

Una de las razones de la accionada fue la inasistencia a un taller de seguridad que no permitió conocer la situación de riesgo.

Según la investigación, Pérez García se contactó con varios paramilitares y les solicitó expulsar de la región a sus contradictores políticos.

Para evitar un perjuicio irremediable, se suspenden temporalmente los efectos del fallo que declaró la nulidad de su elección.

No existe justificación para excluir del sustituto a quienes tienen una enfermedad no certificada incompatible con la vida en prisión.

EPS deben asumir diagnóstico y tratamiento por inyección de biopolímeros o complicaciones por implantes mamarios.

Este marco operativo definiría la creación de figuras como gestores y promotores de paz.

La medida busca dotar a estas comunidades de las herramientas necesarias para preservar sus territorios y la biodiversidad.

Entender las razones de sus críticos y contradictores es un paso para que este modelo de Constitución siga fortaleciéndose y haciendo frente a regímenes autoritarios.

La norma reconoce las competencias de las autoridades indígenas del Cric para gestionar y preservar sus territorios y sistemas económicos.

Según el demandante, la norma lesiona los artículos 13, 125 y 268 de la Constitución Política.

La demanda se interpone en contra del artículo 274, numerales 1º, 3º, 4º y 6º del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

La demanda señala que la interpretación iguala materialmente a los comandantes paramilitares con los miembros de la fuerza pública.

Aunque la expresión máxima de esta garantía se encuentra en el proceso penal, también es reclamable frente a otros procesos que puedan desencadenar una responsabilidad penal.

Rutas de política de paz definidas por el Gobierno deben someterse a los términos previstos por el legislador.

Periodista solicitó información a una universidad sobre varios ciudadanos que él señaló como altos funcionarios del Estado.

El presidente Abraham Lincoln fue asesinado por el actor John Wilkes Booth. Una serie narra la persecución al asesino.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (26 al 30 de agosto).

No se pueden trasladar al trabajador las consecuencias del no pago de aportes del empleador ni la inacción de la administradora.

La Superintendencia Financiera estableció requisitos más estrictos para la constitución y modificación de los reglamentos de los fondos de inversión colectiva.

La CSJ admite la posibilidad de que el requisito de convivencia se acredite al menos durante cinco años en cualquier tiempo.

Servidores nombrados en provisionalidad tienen protección intermedia en el sentido que gozan de estabilidad laboral relativa.

El país fortalecerá el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.

El presidente Gustavo Petro presentó su objeción al proyecto argumentando el alto costo fiscal que conlleva.

Se debe estudiar la historia clínica a profundidad para determinar si es posible variar la fecha de estructuración de invalidez.

Característica que califica a estos contratos como negocios incompletos no implica una excepción a la regla general.

Tanto el disciplinado como sus padres deben conocer el orden y la cronología del proceso, a fin de plantear su defensa.

La nueva defensora y su equipo revisarán avances del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 y establecerán un cronograma de trabajo para garantizar la continuidad del trabajo.

La Sala Plena y la ciudadanía podrán conocer las propuestas de los 10 aspirantes admitidos para este proceso final.

El programa distribuirá 600 mil raciones en Cartagena durante seis meses.

El decreto establece la implementación de mecanismos de control para garantizar la reserva legal y constitucional de la información manejada por la entidad.

Fondos de pensiones no pueden imponer barreras administrativas exigiendo requisitos no previstos en la ley.

Propone reglas especiales para la resolución de conflictos agrarios y busca garantizar justicia efectiva en el campo colombiano.

El undécimo informe presentado al Congreso revela insuficiencia de recursos y dificultades en la reparación integral de más de 9 millones de víctimas del conflicto armado.

Las 11 modalidades del servicio social abarcan áreas claves como la educación, derechos humanos y la protección del medio ambiente.

El Acuerdo 10 de 2023, al modificar el listado de ocupaciones definido en el Acuerdo 009 de 2005, impone una carga tributaria significativa a los empleadores.

Especialmente porque la mayoría de las decisiones se dirigen a un público general, lo que obliga a que cualquiera pueda entenderlo.

El caso se refiere a la caducidad de una demanda que presentó una ciudadana contra el Ejército Nacional por las lesiones físicas de su hijo.

Según balance presentado por la Registraduría Nacional y ONU Mujeres, a pesar de avances en algunos cargos, la participación femenina sigue siendo limitada.

El Ministerio Público cuenta con 2.776 vacantes definitivas entre los niveles asesor, ejecutivo, profesional, administrativo y operativo.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (19 al 23 de agosto).

Ante la alarmante situación de las violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ en Colombia, se ha discutido cómo se debe transformar el acceso a la justicia para erradicarlas.

En sentencia con lenguaje claro, ordenan a Mineducación reforzar prevención de la violencia escolar.

El Ministerio Público solicitó claridad sobre la implementación del sistema tecnológico que busca mejorar la entrega de pasaportes, ante posibles riesgos para los usuarios.

El próximo miércoles, 28 de agosto, la Sala Plena del Consejo de Estado realizará una audiencia pública en la que la ciudadanía podrá conocer las propuestas de los aspirantes.

La iniciativa será evaluada por la Comisión Segunda del Senado, encargada de asuntos de seguridad y defensa.

Se han difundido mitos en torno a los costos del arbitraje que generan resistencia al acudir a esta figura.

El VI informe de seguimiento de la entidad reveló retrasos especialmente en la adjudicación de tierras, seguridad territorial y articulación interinstitucional.

La Corte Constitucional ordenó a una universidad realizar un diagnóstico con enfoque de género y adoptar un protocolo de atención oportuno para atender las denuncias de acoso.

Lo que quiere averiguar la SIC es si se infringe el régimen de protección de datos, si hubo autorización previa, expresa e informada de manera clara y transparente para garantizar el derecho de hábeas data.

Según el Concepto Unificado de IVA 1/03 y el artículo 424 del Estatuto Tributario, las gafas oftalmológicas no gozan del beneficio de exclusión del impuesto.

Las disposiciones atacadas están previstas en el artículo 368 de la Ley 2294 del 2023 y el Decreto 1961 del 2023.

La demanda ataca un aparte del artículo 5° de la Ley 2271 del 2022 (parcial), a través de la cual se prorrogó la Ley de Orden Público.

Para tal fin se modificarían los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.

Stella Conto y sus hijos interpusieron acción de reparación directa en contra de la Nación por los daños que habrían sufrido por actos de discriminación.

La SIC ha pedido a los ciudadanos informarse sobre las eventuales consecuencias de otorgar acceso a su iris a compañías extranjeras.

Aplica para matrimonio civil u otro vínculo conforme con el ordenamiento jurídico colombiano.

El Congreso de la República deberá abstenerse de adelantar un proceso de elección para suplir la vacante.

En su intervención subrayó que los delitos electorales no se resuelven simplemente con modificaciones al sistema, sino que requieren un enfoque integral y continuado.

El decreto fortalece el proceso de reincorporación desde una perspectiva colectiva y territorial.

La entidad debe emitir circular sobre interpretación correcta de la normativa pensional a la luz de la jurisprudencia constitucional.

Esta es la primera vez que una mujer asume el cargo de titular.

La actualización de la circular ahora reconoce los nuevos fallos de la Corte Constitucional, incluyendo la despenalización del aborto hasta la semana 24.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (12 al 16 de agosto).

Se buscaba dejar sin efectos fallos del Consejo de Estado sobre control disciplinario a servidores públicos de elección popular.

Juez de ejecución de penas puede otorgar detención hospitalaria a quienes presenten trastorno mental sobreviniente.

Estas estrategias estarán dirigidas a prevenir riesgos como el consumo de sustancias sicoactivas, la conducta suicida y los peligros en entornos digitales.

El magistrado ponente de esta acción será Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Alcalde ostenta autoridad civil y política aunque esté en licencia y encargue a otro funcionario de la administración local.

Declaran nula norma reglamentaria que desconocía que aportes para subsidio hacen parte de la seguridad social.

La norma convencional bajo análisis admitía dos interpretaciones y se debió aplicar el principio ‘in dubio pro operario’.

La accionante sufrió burlas, acoso y escarnio público denigrante debido a su condición de víctima de desplazamiento forzado.

El proceso de consulta pública estará abierto hasta el próximo jueves 22 de agosto del 2024.

El empleador debe ofrecer apoyo y rehabilitación al trabajador que consume sustancias antes de terminar el contrato de trabajo.

Para el Ejecutivo, el proyecto de ley implica costos fiscales que no estarán contemplados en el marco fiscal de mediano plazo.

El documento busca tomar todas las medidas necesarias para que los contratos en ejecución se completen durante la vigencia actual.

La Comisión Primera del Senado aprobó la iniciativa en tercer debate.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el entorno hostil que enfrentan los comunicadores, instando a la protección y respeto de su labor en un contexto de violencia e intimidación.

La demanda se sustenta en la posible violación del principio de mérito para acceder a cargos públicos.

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 contempló esta posibilidad.

La acción fue presentada por el exconstituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

La vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, jugó un papel clave en este reconocimiento, pues fue ella quien lanzó la propuesta.

Según la decisión, la iniciativa no superó el análisis de impacto fiscal y hubo falta de consulta previa sobre algunos artículos.

El Senado elegirá al remplazo de Margarita Cabello.

Se podría utilizar la inteligencia artificial para gestión administrativa y documental, así como para corrección y síntesis de textos.

Ordenan a corporación autónoma regional elaborar programas y proyectos de desarrollo sostenible y aprovechamiento de recursos naturales.

Declaran nulidad absoluta de contrato de prestación de servicios sobre determinación, gestión y recaudo de impuestos.

Las empresas deben cumplir con garantías laborales, a la vida, al derecho a la movilización y a la sindicalización.

De acuerdo con la cartera de Hacienda, el Gobierno ha logrado reducir la inflación del 13,34 % al 6,86 % en dos años.

Más de 1,6 millones de adultos mayores podrán reclamar la transferencia a través de Supergiros y sus aliados en todo el país.

La inteligencia artificial no podrá usarse para sustituir el razonamiento humano de los jueces.

Recuerdan reglas aplicables de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y la posición de la Sala de Casación Laboral de la CSJ.

Se realizaría en el aplicativo “seguimiento a la desnutrición aguda” del Sispro.

Si bien es una causal objetiva de terminación de la relación laboral, su materialización debe tener en cuenta las condiciones propias de la persona.

Con el programa “Jóvenes en paz”, Minigualdad busca ofrecer alternativas a más de 6 mil jóvenes en riesgo, ayudándolos a alejarse de la violencia y el delito.

Protegen derechos de mujer que contrajo segundas nupcias antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 1991.

La demandante afirma que la persona afectada debe ser oída previamente.

La libertad de expresión no se constituye en un permiso para atropellar a las demás personas con expresiones desconsideradas.

El trámite debe subsanar el vicio por no conformación plural de la comisión de conciliación.

Las aspirantes tienen destacadas trayectorias en defensa de los derechos humanos.

El legislador, en el artículo 68A del Código Penal, no distinguió entre especies típicas, por lo que debe entenderse que las incluyó a todas.

Se reitera la necesidad de adoptar políticas integrales que hagan énfasis en la comprensión social del fenómeno y su prevención.

El objetivo es promover la materialización del derecho a la igualdad de la población campesina en el marco de su reconocimiento como sujetos de derechos.

Lo relevante constitucionalmente es la necesidad de ofrecer cuidado y amor al recién nacido, por lo que no es posible el condicionamiento.

Fijan criterios del consentimiento en esta clase de procedimientos y qué debe contener como mínimo el documento.

Configuración del delito de tráfico de influencias de servidor público en modalidad continuada fue plena y se evidenció en beneficios.