La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de un aparte del numeral 4º del artículo 85 la Ley 222 de 1995. La norma faculta a la Superintendencia de Sociedades a ordenar la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por incumplimiento de sus órdenes, o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte.

Para el demandante, esta norma vulnera los artículos 58, 83, 150-8, 189-24, 333 y 334 de la Constitución Política. En su opinión, entre otros argumentos, sostiene que se vulnera el derecho a la propiedad privada y su deber de protección, al permitir la remoción de los administradores y la designación de su posterior reemplazo por parte de esa entidad sobre cualquier sociedad mercantil. (Demandante: Héctor Riveros)

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