Con esta demanda, la Corte Constitucional ya ha recibido dos acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 2010 del 2019 (Ley de Crecimiento Económico) y será el alto tribunal quien analice si son admitidas. En este caso, se demandó el artículo 92 de la normativa, en el cual se estableció la tarifa general para personas jurídicas del impuesto a la renta y se gravó con puntos adicionales a las instituciones financieras. En el escrito, el accionante alegó la violación del principio de equidad tributaria, pues considera que el legislador no tuvo en cuenta la capacidad contributiva de estas personas jurídicas. Así mismo, argumentó que existe igualdad fáctica y legal respecto de las personas jurídicas que fueron mayormente gravadas y aquellas con beneficios fiscales. En ese sentido, el accionante considera que se generó inequidad tributaria al crear un trato diferencial para entidades financieras respecto de personas jurídicas en la misma situación, pero pertenecientes a otro sector de la economía. Por último, el demandante consideró que el legislador no expuso justificaciones constitucionales suficientes para la consolidación del trato diferencial y que contaba con medidas más acordes y menos gravosas para conseguir el fin perseguido con la imposición de puntos adicionales.