La explotación sexual consiste en involucrar a una persona en actos sexuales con el objetivo de obtener beneficios económicos, materiales o de cualquier otra índole. Esta práctica afecta a individuos de todas las edades y géneros y representa una violación directa a los derechos humanos. Los victimarios suelen aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad o desigualdad de poder para forzar a las personas a realizar actividades sexuales bajo coacción o manipulación.

Esta forma de violencia sexual tiene consecuencias graves para las víctimas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. A menudo, los agresores ofrecen pagos en dinero, bienes o promesas de protección a cambio de favores sexuales. Esta dinámica refleja una relación desigual y abusiva que perpetúa el daño físico, sicológico y emocional de quienes son sometidos a esta situación. (Lea: Estigmatizar a menores de edad víctimas de delitos sexuales es una forma de revictimizarlos)

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha implementado estrategias judiciales específicas, con personal y unidades especializadas que atienden estos casos con un enfoque diferencial y prioritario.

La lucha contra este delito también incluye la articulación con otras entidades estatales, organizaciones sociales y actores internacionales. Asimismo, se han establecido canales de atención y denuncia como la línea 122, la línea nacional 01 8000 9197 48 y otras plataformas físicas y virtuales, para orientar a las víctimas, recibir denuncias y ejecutar campañas de prevención y sensibilización frente a esta problemática.

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