La Fiscalía General identificó a los presuntos responsables de una red delictiva señalada de cobrar recursos por supuestos servicios de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso, en Boyacá. De acuerdo con la investigación, las actividades reportadas ante las autoridades no se habrían ejecutado con la frecuencia ni bajo las condiciones informadas oficialmente, pese a que las empresas involucradas recibieron pagos por la actividad de aprovechamiento de residuos.

Señalados articuladores del entramado

Entre los procesados figuran dos representantes legales de empresas recolectoras de residuos. Según el ente acusador, los implicados habrían entregado información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre las cantidades de material reciclable recolectado y clasificado para acceder a remuneraciones económicas contempladas en la ley. (Lea: Confirman condena a exmagistrados y rechazan prisión domiciliaria como beneficio automático).

Facturas y registros con información falsa

Las pruebas recopiladas indican que las sociedades investigadas no contaban con bodegas operativas ni con el personal necesario para desarrollar las labores reportadas. Asimismo, habrían utilizado nombres de habitantes de calle y recicladores para respaldar facturas relacionadas con toneladas inexistentes de residuos aprovechables. Estos datos fueron cargados al Sistema Único de Información de la Superservicios, lo que permitió recibir más de 6.829 millones de pesos en un periodo de dos años.

Investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Durante el proceso judicial también se conoció que parte de los recursos obtenidos, presuntamente, fueron destinados a la compra de vehículos de alta gama, inmuebles y otros bienes. La Fiscalía señaló, además, que se detectaron ajustes ante la Dian, simulaciones documentales y alteraciones de información con el propósito de ocultar el supuesto entramado ilícito. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres involucrados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio.

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