INFORME: Detalles del caso contra el exmagistrado Francisco Ricaurte

El Juzgado 40 de garantías de Bogotá profirió hoy medida de aseguramiento en contra de Francisco Javier Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura. (Lea: Dejusticia propone criterios de transparencia para elección de integrantes de la JEP)

Deberá responder por incurrir, presuntamente, en los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor; dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente.

Los hechos relatados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema lo vinculan con seis eventos delictivos, en calidad de exmagistrado y otros ostentando tal dignidad. Ricaurte habría favorecido a congresistas y gobernadores investigados por hechos de corrupción y nexos con grupos al margen de la ley (‘parapolítica’). Esto quiere decir que será investigado tanto por la justicia ordinaria como por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

El delegado lo señaló de conformar una organización criminal, integrada además por el magistrado Gustavo Malo Fernández, de la Sala Penal, el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera y el abogado Leonardo Pinilla Gómez.

Agregó que estas personas, al parecer, se reunían periódicamente en sus residencias o en lugares públicos como hoteles, reconocidos restaurantes o incluso fuera del país, como sucedió a finales del 2014 en el Hotel Marriott en Miami (EE UU), con el fin de planear la operación de la organización y, a su vez, la forma para manejar los procesos.

“Era Ricaurte el que referenciaba a los congresistas, políticos o gobernadores de quien se supiera que estaban en etapa de indagación o investigación, ya fuera en la Corte o en la misma Fiscalía”, explicó el fiscal al solicitar la medida privativa de la libertad.

Al justificar su petición, advirtió que Ricaurte, en compañía de sus socios, utilizaban la información privilegiada, manipulaban testigos para cambiar versiones e instrumentalizaban a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testigos. Cuando alguna de estas estrategias no funcionaba dilataban en el tiempo los términos.

De la misma manera, señaló que esta organización “incrustada en la justicia” desaparecía o alteraba evidencias y obtenía decisiones con apariencias de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel que tenían esos procesos a su cargo y a quienes también les daban dinero para hacerlo.

Casos que estudia la Fiscalía

Caso excogresista Ashton Giraldo

A Ricaurte se lo relaciona con el excongresista Álvaro Antonio Ashton, a quien la Corte le adelanta varias investigaciones, entre ellas, una por la presunta relación con el Bloque Norte de las Autodefensas, más exactamente con el Frente Pablo Elías, que delinquía en el Atlántico.

La indagación preliminar se inició el 10 de octubre del 2012 y el defensor para esa época fue el abogado Luis Ignacio Lyons España y, para el 2013, el magistrado ponente de esta actuación era Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar José Reyes, encargado del trámite del expediente.

El representante del ente acusador indicó que para evitar que fuera abierta oficialmente la investigación, así como para evitar la inminente captura, se comunicó de manera directa con Ricaurte, con quien se habría reunido días después en su apartamento, en el Consejo Superior y en el Congreso.

El investigador reveló que aparentemente acordaron un precio de $ 1.200 millones para lograr el archivo del proceso.

Caso Musa Besaile

Los hechos tienen que ver con el excongresista Musa Besaile Fayad, vinculado a investigaciones preliminares por presuntos nexos con grupos paramilitares. En este caso, otra vez, estuvo en la defensa el abogado Lyons.

Al respecto, para el primer semestre del 2015, el dinero acordado fue enviado por Musa Besaile y ascendió a $ 390 millones. Fue entregado en la oficina de Lyons. Se presume que, de ese dinero, el extogado recibió de manera directa $ 290 millones.

Según el fiscal, “la segunda entrega del dinero fue en la residencia del exfiscal Moreno Rivera, hasta donde llegó de nuevo el abogado Lyons España con $ 300 millones, dinero del que Moreno entrega a Ricaurte $ 250 millones”.

Caso exgobernador de Córdoba

El tercer caso se relaciona con Alejandro Jose Lyons, exgobernador de Córdoba, quien, según la investigación, se contactó con el exmagistrado Camilo Tarquino Gallego a través de una amiga en común, la exparlamentaria Muriel Benito Rebollo.

“Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de $ 30 millones para mejorar la imagen en los medios de comunicación, que en realidad era algo más serio y que tenía un costo de $ 20 mil millones, porque se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir, el de intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”, enfatizó el delegado.

Caso excongresista Julio Manzur

El cuarto evento imputado por la Fiscalía tiene que ver con el exparlamentario Julio Manzur Abdalá, por hechos ocurridos en Bogotá a finales del 2014, días antes de ser capturado por parapolítica.

Reveló que el excongresista recibió información privilegiada suministrada por Moreno Rivera, según la cual era inminente su captura, pero que podía evitar el acto bochornoso con el pago de una alta suma de dinero.

Señaló el fiscal que Moreno Rivera “le ofreció sus servicios de intermediación como abogado por $ 2 mil millones, cifra que Manzur rechazó y como consecuencia fue capturado a comienzos del 2015”.

Al día siguiente, en nombre de la organización, Moreno reitera sus servicios a través de familiares y le insiste en los $ 2 mil millones que serían repartidos entre el equipo de magistrados involucrados.

Caso exgobernador Juan Carlos Abadía

Este evento se relaciona con lo ocurrido en Bogotá, entre los años 2015 y 2016, cuando aparece vinculado el fiscal Alfredo Betín Sierra, quien adelantaba varias investigaciones por presuntos actos de corrupción contra el exgobernador Juan Carlos Abadía.

“Ricaurte y Betín Sierra acordaron, por un lado, orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir y, del otro, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, insistió el funcionario.

Caso Fonade

El último caso es con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entre los años 2014 y 2015, cuando el actual magistrado Malo Fernández tenía asignados los casos de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares.

Entre el equipo de trabajo de Malo Fernández se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula Dumar fue nombrado, en abril del 2015, gerente de Fonade, nombramiento en el que intervino al parecer, además de congresistas, el magistrado detenido.

Para la Fiscalía, “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”. (Lea: Tensión en la Corte Suprema por situación del magistrado Gustavo Malo)

“Hay evidencia que permite inferir que en muchos casos relacionados con esta organización criminal Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos, comercializar puestos en favor de unos de los procesados”, concluyó el funcionario al solicitar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Se debe terminar diciendo que Ricaurte rechazó los cargos endilgados y advirtió que es víctima de testigos pertenecientes a organizaciones al margen de la ley.

Fiscalía General de la Nación, Comunicado, Sep. 22/17

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