El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, reiteró su preocupación ante el inminente riesgo que afrontan los detenidos en las URI y estaciones de policía del país, debido a la grave situación de hacinamiento y las constantes violaciones a los derechos humanos por cuenta del sobrecupo.

Si bien el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, informó que a partir del 13 de enero se tomarán medidas para garantizar el acceso de fiscales y jueces a sus despachos, es necesario aplicar un plan de contingencia inmediato para liberar cupos y generar traslados hacia algunos centros de reclusión, indicó Otálora.

El funcionario insistió en la urgencia de encontrarle una salida a la operación reglamento que adelanta la guardia del Inpec, protesta que impide el ingreso de detenidos a las cárceles, restringe las diligencias de reseña y bloquea la aplicación de medidas como la detención domiciliaria.

Según el más reciente reporte de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, tan solo en Bogotá los índices de hacinamiento en los centros de detención transitoria superan el 200 %. En la URI de Engativá, por ejemplo, que tiene una capacidad para 35 personas, están recluidas 84 en las celdas y 34, en pasillos y unidades móviles.

En Ciudad Bolívar, donde hay cupo para 50 personas, permanecen detenidas 152; en Puente Aranda, cuya capacidad instalada es de 90 cupos, hay 298 detenidos; en Kennedy, el cupo es para 50 detenidos, y hasta la semana pasada había 185, y en Usaquén, donde no hay celdas dispuestas, permanecen 75 personas.

Además, aunque la Sentencia T-847 del 2000 advierte que “las salas y el personal de la Policía Nacional no están adaptadas ni entrenadas, respectivamente, para atender población carcelaria o penitenciaria”, hasta el pasado 14 de diciembre había 3.525 detenidos en dichas instalaciones, de los cuales 1.601 (el 45 %) eran condenados y 1.924 (el 55 %), sindicados.

Cabe recordar que en noviembre pasado, ante la delicada situación de derechos humanos en las prisiones del país, la Defensoría, a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, elaboró un diagnóstico de los 10 centros de reclusión con mayor índice de hacinamiento en el territorio nacional.