La Corte Suprema de Justicia decidió revisar las providencias de exoneración de responsabilidad penal, dictadas por la justicia castrense en 1987, a favor del entonces coronel Nacim Yanine Díaz y otros 17 miembros de la Policía Nacional, respecto de la desaparición de 11 personas y la muerte de dos más, en su mayoría estudiantes de las universidades Nacional y Distrital, además del secuestro y posterior homicidio de tres niños, de siete, seis y cinco años de edad, respectivamente, ocurridos en 1982, hijos de una persona que fue extraditada a EE UU. La Sala Penal tomó su decisión fundada en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que los hechos son “evidentes violaciones de derechos humanos, pues agentes del Estado retuvieron ilegalmente y desaparecieron a varios ciudadanos, los relacionaron con el secuestro y posterior homicidio de unos niños”, por lo que, según la corte, puede concluirse que tales actuaciones son ajenas al servicio público policial y no podían ser conocidas por la justicia castrense, sino por la ordinaria, de manera que se violó el principio del juez natural y el derecho al debido proceso (M. P. María del Rosario González de Lemus).