Durante la audiencia de seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004, realizada en la Corte Constitucional, la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Terry Morel,  aseguró que persiste la impunidad en la investigación de los casos de desplazamiento forzado en Colombia.

Aunque el número de investigaciones ha aumentado, las sentencias proferidas por esos hechos no superan el 0,02 % de los casos. Así las cosas, la impunidad continúa en el 99 % de las investigaciones, señaló Morel.

Según la representante del Acnur, la Fiscalía no tiene una política clara para atender a las víctimas del desplazamiento, pues la investigación se reduce a aclarar los hechos, desconociendo el contexto del conflicto armado interno. En ese sentido, le recomendó al ente acusador investigar a fondo este delito en las regiones donde es más frecuente.

Adicionalmente, Morel le advirtió a la Fiscalía que en casos como los de Las Pavas y Mapiripán, la investigación debe dirigirse, principalmente, a esclarecer los crímenes de lesa humanidad y no a la identificación de casos de inscripción fraudulenta de víctimas.

La Fiscalía se defiende

La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, afirmó que ya no existe una “absoluta impunidad” en la persecución de los responsables del desplazamiento, pues las unidades de la entidad encargadas de adelantar los procesos por este delito han adoptado estrategias y mecanismos para contrarrestar la situación.

De acuerdo con Morales, en la Unidad de Justicia y Paz se crearon herramientas para permitir la participación de las víctimas en los procesos. Además, se creó la Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas, encargada de identificar los bienes, para lograr su restitución. A la fecha, se han restituido 20 inmuebles, añadió.

En cuanto a la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, la Fiscal indicó que 163 casos están activos, 441 personas han sido vinculadas, 222 fueron acusadas y se profirieron 53 sentencias condenatorias.

Además, señaló que la Unidad contra los delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados adelanta 16.387 investigaciones y que la judicialización de los desplazamientos que afectan a las comunidades indígenas y afrodescendientes ha aumentado.

De otro lado, la Fiscalía destacó el proyecto de ley de reforma a la Ley de Justicia y Paz (L.975/05), que permitiría superar los obstáculos procesales que dificultan el avance en las investigaciones.

La posición del Gobierno

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, rechazó las afirmaciones de la representante del Acnur, y afirmó que, efectivamente, existe una política para los desplazados en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (L.1448/11) y sus decretos reglamentarios.

Según Esguerra, la Fiscalía está haciendo las investigaciones, pero ese es un proceso complejo, que lleva tiempo y que requiere de un consenso de las entidades estatales. La meta del Gobierno es lograr la seguridad y el retorno de los desplazados a sus tierras, aseguró el ministro.