Alejandro Ramelli Arteaga
Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

La JEP está transformando al país. La forma en que nos hemos propuesto hacer justicia requiere de una transformación social, cultural e institucional muy profunda. Durante los siete años de funcionamiento hemos podido ver estos cambios. Ahora, con la expedición de las primeras sanciones restaurativas, el país podrá apreciar aún más los efectos transformadores de este modelo de justicia. (Lea también Opinión: Sanciones para reparar a Colombia)

Desde hace mucho tiempo, y por buenas razones, hemos asociado la idea de justicia al castigo. Como seres sociales, sensibles al daño, configurados para la supervivencia, entendemos bien que toda acción tiene una consecuencia y que las acciones negativas, aquellas que amenazan nuestra integridad o la de los nuestros, merecen un reproche.

La Justicia Transicional Restaurativa propone un paradigma que parece ir en contravía de esa lógica elemental, pues el daño causado se convierte en una alternativa no para el castigo, sino para el diálogo, el encuentro y la reparación. Esa es una noción que nos cuesta asimilar. Nada más contrario a la naturaleza humana que buscar acercarnos a eso que nos hizo daño, eso lo queremos lejos, fuera de nuestra vista, apartado de todo lo que conocemos. De ahí la lógica de las cárceles, esa reclusión, ese apartamiento del entorno social común a todos también tiene mucho sentido, pues pone a un lado del espectro a aquellos que dañan, a “los malos”, “los desadaptados”, “los criminales”; ubicando del otro lado al resto de la sociedad.

Pero ¿qué pasa si apostamos por acercarnos, enfrentar y gestionar en lugar de apartarnos? Eso es lo que busca la justicia que aplicamos en la JEP. Creemos que, a pesar de las diferencias, pese al daño causado, somos capaces de estar en un mismo plano, vernos las caras, reconocer, entender lo causado y desde ahí gestionar. Estamos seguros de que este proceso vale la pena. Porque el país lo necesita, porque los horrores que vivimos son demasiado espantosos para no tramitarlos. La violencia nos sumió en un lodo espeso y profundo; estamos haciendo el esfuerzo necesario por salir de él.

Las transformaciones que impulsa este modelo de justicia se materializarán ahora con las sanciones restaurativas. Cada trabajo que hagan los máximos responsables de cara a las víctimas y a la sociedad en general será una nueva puntada en este telar de sosiego y desagravio que pretende ser la Justicia Transicional Restaurativa. Queremos que el país y el mundo puedan ser testigos de eso, porque será un testimonio de cómo sí es posible hacer las cosas de otra manera.

Lo que hoy está pasando en Colombia no había pasado nunca en el mundo, por lo menos no con este alcance. Los responsables de altos mandos de cualquier bando en un conflicto interno nunca habían reconocido su responsabilidad como lo hemos visto en la JEP, de cara a las víctimas. Las sentencias en otros tribunales se dieron en medio del silencio, sin arrepentimiento, sin verdad. En Colombia las sentencias llegan después de sesiones muy duras de reconocimiento, de actos en los que se ha restituido el buen nombre de las víctimas, de encontrar cuerpos de personas desaparecidas, de evidenciar hechos que durante mucho tiempo se negó que hubieran sucedido, pero sobre todo de manifestaciones de vergüenza, solicitudes de perdón y actos de restauración. Esto no se ha visto en ningún tribunal del mundo y los colombianos debemos sentirnos orgullosos de poder dar este paso que estamos dando y servir de ejemplo.

El proceso que abarca la Justicia Transicional Restaurativa trae grandes enseñanzas que deben llegar a todo el país. Hemos tenido una profunda discusión moral de lo que no es permitido si queremos tener una sociedad con unos mínimos éticos y humanidad. Hemos aprendido que no todo está justificado, aún en medio de la guerra.

Este momento crucial en la historia de nuestro país, en términos de aplicación de justicia, también es un llamado a los(las) jueces(zas), abogados(as), a mirar nuestro oficio desde otra perspectiva, a atrevernos a salir de modelos y prácticas establecidas hace mucho tiempo e innovar para acercarnos cada vez más a la ciudadanía, escuchar sus demandas, entender sus necesidades y ser esos canales que permitan que las normas que nos rigen se mantengan vivas, para que la gente crea en ellas tanto como nosotros.

En materia de acceso a derechos y a justicia, en la JEP hemos dado plena vida y vigencia a la Constitución del 91. La esencia de la participación ciudadana, del reconocimiento de nuestra condición multicultural y de las distintas realidades socioeconómicas y culturales que nos hacen el país que somos, todas esas particularidades hacen parte de lo que tenemos en cuenta en cada una de nuestras acciones.

El camino que estamos transitando es justamente ese que nos propusimos para alcanzar la paz que tanto anhelamos los(as) colombianos(as). Tal vez en unos años, desde otra perspectiva, lo podamos ver con mayor claridad, pero cada paso que damos es un acto de fe en las posibilidades que tenemos como país de salir de un conflicto amargo, cruel y descorazonado.

Estamos convencidos de que este camino es el correcto, pues no estamos pasando la página del conflicto con los ojos vendados, todo lo contrario, estamos llevando al país con la luz encendida hacia un nuevo escenario en el que la apuesta siempre será por la paz.   

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