Alejandro Ramelli Arteaga
Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

“Usted no es el criminal, los criminales fuimos nosotros”, le dijo Pastor Alape Lascarro a Héctor Darío Muriel Bedoya durante la audiencia de reconocimiento de verdad del antiguo Secretariado de las Farc-EP, en junio de 2022.

El señor Muriel es un campesino antioqueño, un hombre noble y trabajador que tuvo que pasar por el vejamen del secuestro en dos ocasiones. La primera vez fue el 18 de julio de 1990. Hombres del Frente 47 del antiguo Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP lo secuestraron junto con otros tres compañeros mientras pescaban en los límites entre Caldas y Antioquia. Él y sus compañeros intentaron huir; en medio de la persecución, don Héctor logró escapar, pero dos de sus compañeros no, quienes fueron asesinados ante sus ojos. La segunda vez que vivió otra privación de la libertad fue el 8 de diciembre de 2001, cuando integrantes de ese bloque se tomaron el municipio de Jardín (Antioquia). En la justicia ordinaria las investigaciones nunca avanzaron de la etapa preliminar. En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas obtuvieron el esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de los daños en boca de quienes ordenaron ejecutar esa política criminal.

En aquella audiencia de reconocimiento, el señor Héctor relató cómo, durante estos 30 años, ha tenido que cargar con la culpa por la muerte de sus compañeros, especialmente de uno que, estando herido, no pudo ayudar. De ahí la respuesta del compareciente Alape, unas palabras dirigidas a aliviar ese sentimiento de culpa, recordándole que, en efecto, quienes cometieron el crimen fueron los integrantes de la guerrilla, no don Héctor.

Los máximos responsables del daño causado a don Héctor –y a tantas otras víctimas de secuestros cometidos por las extintas Farc-EP– están próximos a recibir una sanción. Llegar a este punto que la sociedad ha venido esperando y exigiendo desde la firma del Acuerdo Final de Paz, como es su derecho, ha requerido que recorramos un camino que supere las limitaciones de la justicia para investigar crímenes masivos, esclarecer fenómenos macrocriminales y materializar un camino real que contribuya a zanjar pacíficamente los horrores de la guerra. Solo en este caso, 4.151 víctimas se acreditaron para participar.

En este momento, la JEP se prepara para emitir sus primeras sentencias contra máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que han aportado verdad y reconocido responsabilidad. Una contra el último Secretariado de las Farc-EP por los secuestros y la otra sobre 12 antiguos integrantes del Batallón la Popa involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate en la Costa Caribe.

A cada sentencia le precede un profundo trabajo investigativo y restaurativo en el que se asociaron cientos o, incluso, miles de delitos, se practicaron innumerables pruebas, se esclarecieron casos individuales y patrones criminales, y, sobre todo, se revelaron verdades que el país desconocía por completo y que se encontraban en total impunidad. Ante la rigurosidad de las imputaciones y la fortaleza de las evidencias, la mayoría de los comparecientes imputados han decidido aceptar los cargos endilgados y recorrer el camino de la justicia restaurativa en el que hemos buscado alivio atravesando el dolor.

Para llegar a este punto, este modelo de justicia nos obligó a ir más allá de la sentencia. A entender que la restitución de los derechos comenzaba desde cuando abrimos las puertas y empezamos a recibir los informes de las víctimas. Esa centralidad se mantiene en esta etapa de juicio. Sus voces son determinantes para definir los proyectos a los que se vincularán los comparecientes como parte de su sanción. Aquí, las sanciones no se van a cumplir a espaldas de la sociedad, sino con su participación.

El desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas y la construcción de infraestructura, entre otras acciones, hacen parte del repertorio de proyectos establecidos por la ley y que se vienen concertando con las víctimas. Trabajamos para que estos contribuyan a enmendar el daño causado y para que sean viables y sostenibles, porque no queremos que las sentencias se queden en el papel. Las sanciones no implicarán la privación física de la libertad, pero sí obligan al condenado, durante cinco u ocho años en un determinado territorio, a realizar trabajos y obras con contenido reparador que serán monitoreadas por la Misión de Verificación de la ONU.

Surtidas ya las dos audiencias de verificación de estos casos (en Valledupar y en Bogotá), se ha cumplido la última etapa procesal previa a la expedición de sanciones en los casos de secuestro y de “falsos positivos”. Esas sanciones, que se emitirán de cara al país, bajo el escrutinio de toda la sociedad y de la comunidad internacional, pesarán ahora sobre los hombros de los responsables, de quienes causaron el daño y adquirieron un compromiso vitalicio con construir un mejor país, y no sobre la consciencia de víctimas como Héctor Muriel.   

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