La Fiscalía General de la Nación reveló un entramado delictivo en el que dos cooperativas fueron utilizadas para dar apariencia de legalidad al oro extraído de manera ilícita en distintas zonas del país. Según la investigación, nombres y registros de mineros artesanales se usaron fraudulentamente para comercializar el material en establecimientos de Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar.

Las entidades se constituyeron con un patrimonio inicial de apenas $ 17 millones y $ 100 millones, pero alcanzaron a reportar ingresos superiores a $ 5.834 millones y $ 3.274 millones, sin respaldo contable que justificara el incremento. Además, compartían sedes, revisores fiscales y directivos, lo que evidenció un esquema coordinado para blanquear activos provenientes de la minería ilegal. (Lea: Fiscalía advierte sobre estafas con puntos de fidelización mediante mensajes de texto)

En el marco de la investigación, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó bienes adquiridos presuntamente para fortalecer la actividad ilícita. Estos fueron objeto de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, con el propósito de interrumpir el flujo económico de la estructura criminal.

En total, se afectaron 35 bienes, entre establecimientos de comercio, vehículos y material aurífero, cuyo valor supera los $ 12.000 millones. Las diligencias se realizaron con apoyo de la Policía Nacional en Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí, Santa Fe de Antioquia, Marmato, Tadó y Barranco de Loba. La situación jurídica de los implicados permanece bajo estudio de la autoridad judicial competente.

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