En el sistema penal acusatorio actual es viable la designación de un defensor de oficio cuando el incriminado puede asumir los costos de un abogado de confianza y no procede a ello, esta fue la conclusión más importante de una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia. Y es que, en el caso concreto, aclaró la Sala Penal, el juez de primer grado, ante la inasistencia del abogado de confianza del procesado, designó a uno de oficio, lo cual no correspondió a un proceder arbitrario o caprichoso, sino que, por el contrario, se ajustó a su deber legal y constitucional, a fin de materializar el derecho del acusado a la defensa técnica (M. P. Luis Antonio Hernández).