Fiscalía destaca ventajas de ley que fortalece la justicia penal
Promueve mecanismos eficaces como preacuerdos y allanamientos y otorga mayor protagonismo a la reparación.Openx [71](300x120)

16 de Julio de 2025
La Fiscalía General de la Nación destacó la entrada en vigor de la Ley 2477/25, la cual introduce importantes modificaciones al sistema penal colombiano. La norma busca fortalecer la justicia penal mediante ajustes a figuras como el allanamiento a cargos, los preacuerdos y el principio de oportunidad. Asimismo, se establece un enfoque más sólido hacia la reparación integral de las víctimas, promoviendo soluciones eficaces dentro del marco del debido proceso.
Esta reforma legislativa, impulsada por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia, fue producto de un consenso alcanzado en el Congreso. Uno de los cambios centrales es la inclusión de la reparación integral como una causa para extinguir la acción penal en ciertos delitos, siempre que el acusado compense a la víctima por los daños causados. De esta manera se refuerza el equilibrio entre la justicia restaurativa y la persecución penal. (Lea: Sancionan ley para agilizar procesos penales y reducir la congestión judicial)
En cuanto a la prueba anticipada, la Ley 2477 flexibiliza su uso en investigaciones por delitos sexuales, turismo sexual y contra menores, eliminando la exigencia de justificación previa en casos de extrema necesidad. Además, cuando se apliquen los numerales 4 y 5 del principio de oportunidad será obligatoria la práctica anticipada del testimonio del imputado, con plazos de cumplimiento que no podrán superar un año, prorrogables por igual periodo.
Adicionalmente, se amplía la aplicación del principio de oportunidad a la etapa de indagación y se autoriza a los fiscales a implementarlo sin requerir aprobación superior para delitos graves. También se modifica el régimen de prescripción y se amplían los términos de medida de aseguramiento en casos de feminicidio y homicidios de menores. La ley contempla beneficios penales de hasta el 50 % para quienes acepten cargos o suscriban preacuerdos por delitos como terrorismo o secuestro extorsivo.
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