La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia enfatizó que el recurso de apelación es un acto procesal que exige del recurrente formular de buena fe proposiciones jurídicas, probatorias y fácticas. Dichas manifestaciones implican una serie de responsabilidades, más cuando el recurso es presentado por servidores públicos en ejercicio de su profesión de abogado, por cuanto están sometidos a distintas leyes disciplinarias. De modo que a los fiscales, precisa el fallo, al fundamentar el recurso les corresponde hacer las aseveraciones con las que se comprometen, es decir, deben señalar los reparos concretos en contra de la sentencia, manifestando directamente las proposiciones que consideren se ajustan a las pruebas, al derecho y a la actuación en general, pero no remitir al juez de instancia a que desvirtúe cada uno de los argumentos contenidos en los salvamentos de voto (M. P. Patricia Salazar).