La carencia de certeza, especificidad y suficiencia en el cargo de inconstitucionalidad formulado contra las disposiciones que regulan el procedimiento penal abreviado y la figura del acusador privado (Ley 1826 del 2017)  no le permitieron a la Corte Constitucional efectuar un examen y pronunciamiento de fondo sobre la demanda que atacaba a este nuevo procedimiento. En palabras de la Sala Plena, “el yerro de considerar que el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía es una regla absoluta en contra de la literalidad de la Constitución de 1991 llevó a los demandantes a incumplir también las cargas requeridas para la debida formulación del cargo” (M. P. Diana Fajardo).