Ordenan nuevas acciones para solucionar crisis humanitaria en las cárceles

Ante la falta de información precisa y objetiva de la dimensión de la crisis carcelaria en el país, la Sala Especial de Seguimiento a las sentencias T-388 del 2013 y T-762 del 2015 de la Corte Constitucional adoptó una serie de medidas para reorientar el seguimiento a este problema. (Lea: Corte califica la política criminal como populista e incoherente)

Recordó la naturaleza del estado de cosas institucionales (ECI) y los tipos de seguimiento que la Corte ha desplegado en otros casos, para precisar que el seguimiento a la situación en materia carcelaria se hará bajo la modalidad de la búsqueda de mínimos constitucionalmente asegurables para la población.

De esta manera, ordenó al Gobierno y a los organismos de control que se definan, a la mayor brevedad, los cuatro bastiones del seguimiento:

1. Estructurar una base de datos y un sistema de información sobre la política criminal.
   
    
2. La configuración de las normas técnicas sobre privación de la libertad en Colombia

3. La consolidación de una línea base y

4. La definición de indicadores de goce efectivo de derechos, a partir de los mínimos constitucionalmente asegurables definidos en la jurisprudencia constitucional, en temas como resocialización, infraestructura, alimentación, salud, servicios públicos domiciliarios y derecho de petición de las personas privadas de la libertad. (Lea: Iniciativas sobre asuntos carcelarios deben tener concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal)

Con relación a los roles, precisó que la intervención del alto tribunal se concentrará en:

·         Orientar el seguimiento y dar pautas a las entidades encargadas del mismo.

·         Adoptar las medidas necesarias para desbloquear las inercias administrativas, normativas o presupuestales que impiden el goce efectivo de derechos cuando, pese a la intervención de los organismos de control, tales bloqueos persisten.

·         Verificar el impacto de la política pública en el goce efectivo de derechos con miras a evaluar la superación del ECI.

También agregó que espera que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República: (i) den cuenta de los hallazgos de su labor de seguimiento a la superación del ECI vigente en atención a sus competencias constitucionales y legales y (ii) controviertan o avalen la información presentada por el Ejecutivo en su reporte semestral. (Lea: Principales derechos que tienen las personas recluidas en centros penitenciarios)

Además solicitará al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo, como integrantes del Comité Interdisciplinario para la estructuración de las normas técnicas sobre privación de la libertad, que remitan las mencionadas normas técnicas y que, además, envíen un informe acerca del estado actual de la línea base y de los indicadores de goce efectivo de derechos (M. P. Gloria Stella Ortiz).

Corte Constitucional, Auto 121, Feb. 22/18

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