Corte califica la política criminal como populista e incoherente

Mediante una acción de tutela, la Corte Constitucional impartió una serie de obligaciones a diferentes entidades del Estado para que, cuanto antes, solucionen la grave crisis que sufre la población carcelaria. (Lea: Cárceles que no corrijan violaciones a dignidad de los presos serán cerradas: Corte Constitucional)

El alto tribunal declaró que la política criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, incoherente y subordinada a la política de seguridad; argumentó lo anterior con un análisis de las principales complicaciones que se viven a diario en los centros en donde permanecen recluidas las personas privadas de la libertad.

Al respecto, identificó las siguientes dificultades en esta reiteración del estado de cosas inconstitucional:

(i)           Problemáticas estructurales en la desarticulación de la política criminal.

(ii)          Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos

(iii)         Reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas

(iv)         Falta de articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia

(v)          Sistema de salud del sector

(vi)         Las condiciones de salud e higiene en la mayoría de los establecimientos constituyentes de tratos crueles e inhumanos propiciados por el Estado.

“La política criminal actual es incoherente e impacta negativamente en las posibilidades de coordinación armónica de las instancias estatales involucradas. Se evaluó la precariedad de los diseños institucionales que, por ejemplo, permiten a múltiples organismos tener iniciativa en la formulación de la política criminal, sin la más mínima instancia de coordinación”, agregó la providencia. 

Así, la Sala profirió una serie de mandatos estructurales con órdenes de carácter particular, y  general al Congreso, al Gobierno, a la Fiscalía General de la Nación y al Inpec, que provean soluciones efectivas y garantistas para la situación descrita. (Lea: Crisis del sistema penitenciario viola derecho al trabajo de personal de cárceles)

La corporación justifica estas medidas con el firme propósito de enfrentar el populismo punitivo, en el que considera necesario que “las instituciones del Estado encargadas de diseñar la política criminal cambien de perspectiva y atiendan que el delito no se puede combatir exclusivamente con el incremento de penas”.

Finalmente, el liderazgo para el cumplimiento de estos mandatos estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y su vigilancia y control, en manos de la Procuraduría General de la Nación.

(Corte Constitucional, Sentencia T-762,  Dic. 16/15, M.P. Gloria Stella Ortiz).

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