El juez 17 penal del circuito de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento emitida contra un juez y siete funcionarios judiciales por incurrir, presuntamente, en acciones ilícitas en el desempeño de sus funciones. En la audiencia, realizada el pasado 21 de octubre, en la que se estudió la legalidad de las órdenes de captura, el juzgador había desestimado la petición revocatoria. De acuerdo con la decisión, en ningún momento se emitió una orden de captura infundada, ni se distorsionó lo dicho por la Fiscalía 13 contra los funcionarios de la Rama Judicial. Según la fiscal del caso, mediante la distribución de los procesos en el complejo judicial de Paloquemao se dirigían los casos para que el juez implicado favoreciera a quienes pagaban por obtener un beneficio. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 30 de julio de este año, cuando se le otorgó la prisión domiciliaria a un detenido que canceló una suma millonaria para lograr la excarcelación. En otra ocasión, se cobraron $ 13 millones por conceder el traslado a un preso de un centro carcelario a otro.