Las normas propuestas sobre responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción trasnacional se estudiarán en el Senado, en segundo debate. Según la ponencia favorable, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas a quienes ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que el servidor público extranjero realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones. Se impondrían multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales, inhabilidad para contratar con el Estado hasta por 20 años, publicación en medios de amplia circulación de la persona jurídica sancionada y prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidio del Gobierno, en un periodo de cinco años.