Teniendo en cuenta el proceso electoral que se aproxima, sumado a algunas dificultades que se han presentado para la apertura de cuentas por parte de los aspirantes a cargos de elección popular, la Superintendencia Financiera reiteró a sus entidades vigiladas el deber que tienen de atender las necesidades de las personas naturales y jurídicas para el manejo de los recursos de las campañas políticas, máxime cuando su acceso propicia la transparencia del ejercicio democrático. Lo anterior sin perjuicio del deber que tienen las entidades de administrar adecuadamente los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de su actividad, especialmente lo dispuesto sobre las reglas especiales para el manejo de los mencionados recursos y el reporte de esta información, contenido en el Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica.