Teniendo en cuenta la potestad que tienen las entidades descentralizadas del orden territorial para celebrar operaciones de crédito público, el Gobierno definió criterios especiales de capacidad de pago exigibles a estas cuando vayan a celebrar operaciones crediticias destinadas a gastos diferentes a inversión. Así, cuando las entidades requieran realizar dichas operaciones, con plazo no mayor a un año, deberán cumplir con condiciones tales como contar con una calificación de riesgo inferior en una escala a la calificación de riesgo de la Nación, para operaciones externas ,y haber contado en los últimos tres años con una calificación de riesgo de largo plazo de por lo menos AA+ o sus equivalentes de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras, para operaciones internas. De esta manera, modificó el Decreto 1068 del 2015, único reglamentario del sector Hacienda.