Tratándose de los límites de la función pública de intervención, el Estado, en cabeza de la entidad competente para concretarla en un sector específico de actividad económica, puede ser declarado responsable por los daños que se causen con ocasión del ejercicio inadecuado de las atribuciones otorgadas, pues se trataría de daños que los particulares no estaban en la obligación de soportar. Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia judicial que resolvió un recurso de apelación (C.P. Ramiro Pazos).