La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que el acuerdo de reestructuración de pasivos de una entidad territorial puede inaplicarse por inconstitucional en los casos en que evada la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, porque esto vulnera derechos y garantías laborales. De acuerdo con la corporación, la finalidad de ese acuerdo es proteger las obligaciones adquiridas con justo título, por tanto, el ente no puede aprovecharse de su situación financiera para desconocerlas. Sin embargo, señaló que el pago de estas obligaciones puede sujetarse a rebajas, plazos, prórrogas o disminución de intereses (C. P. Gerardo Arenas).