La corporación defendió la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 187/14C-078/14S, por medio del cual se implementan medidas de descongestión para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para superar la grave crisis que atraviesa. Según se informó en un comunicado, hay un atraso superior a 17 años en la solución de miles de procesos en materia laboral que, además, por tratarse de decisiones condenatorias laborales y de la seguridad social acarrean intereses sancionatorios y de mora que solo se detienen con el cumplimiento de la respectiva sentencia, de manera que entre más demore un fallo más costoso resulta para las finanzas del Estado y los particulares que son obligados a su pago. Todo ello causa un impacto significativo en el erario y en la viabilidad financiera del sector empresarial, aseguró. Según la Sala, mientras se reciben más de 5.000 expedientes, la Sala emite al año cerca de 1.000 sentencias de casación usando el máximo de su capacidad.