Aunque no se puede fijar un reglamento especial para reconocer las pensiones de jubilación y vejez de empleados públicos, como los de las universidades, pues esta facultad le corresponde al Congreso, el Consejo de Estado recordó que el legislador, después de la expedición de la Constitución de 1991, ha avalado los regímenes pensionales de orden territorial contrarios a ella y a la ley. Al respecto, señaló que la convalidación de esos reconocimientos consolidados antes de la Ley 100 de 1993 abarca a los actos administrativos unilaterales de los entes territoriales y a los que dan aplicación a convenciones colectivas (C. P. Gerardo Arenas).