La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma de la Ley de Formalización y Generación de Empleo que trasladó la competencia de vigilancia de las entidades de pensionados con personería jurídica del Ministerio de la Protección Social a las alcaldías del domicilio principal de las asociaciones y asignó a estas últimas el reconocimiento de dicha personería (Ley 1429 del 2010, art. 23). Según el Ministerio Público, la disposición no guarda relación con la ley de la cual hace parte y, por lo tanto, vulnera el principio constitucional de unidad de materia que rige el proceso de formación de las leyes. “Las competencias administrativas relativas a entidades de pensionados no tienen relación, siquiera mediata, con la materia de formalizar y generar empleo”, señaló la Procuraduría.