La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo en la demanda interpuesta contra un aparte del artículo 52 de la Ley 1438 del 2011 (reforma a la salud). En la norma se establece que las entidades promotoras de salud (EPS) solo pueden contratar la prestación de servicios por el mecanismo de pago por capitación para los servicios de baja complejidad, siempre y cuando el prestador y el asegurador reporten con oportunidad y calidad la información de los servicios prestados. Según el demandante, permitir este mecanismo solo para los servicios de salud de baja complejidad vulnera la libertad económica. Para la Procuraduría, que un contrato genere más o menos ganancias no es por sí mismo un asunto de relevancia constitucional.