Al precisar que la prestación de servicios y garantía de cobertura en materia de salud es una obligación asignada al Estado y no a particulares, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la Ley 1438 del 2011, que prohíbe la destinación de recursos de la salud para actividades distintas a la prestación del servicio. Al rendir concepto, el jefe del Ministerio Público señaló que esta prohibición no vulnera el derecho de los particulares a participar en la ampliación progresiva de la cobertura de la seguridad social en salud. Así mismo, explicó que los particulares pueden, si así lo desean, ampliar la cobertura por medio de la inversión directa de sus propios recursos, de nuevos aportes de capital o de bienes o por medio de la utilización de recursos de financiación disponibles en el mercado financiero o de capitales. “Lo que no pueden hacer, ni aspirar a hacer, es financiar este tipo de inversiones con recursos ajenos, destinados de manera exclusiva a la seguridad social”, señaló Ordóñez.