El Ministerio del Trabajo expidió una resolución que fija los lineamientos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional respecto de los jóvenes vinculados al servicio social para la paz. El objetivo de la medida es promover el bienestar y prevenir los riesgos laborales durante el tiempo que dure su vinculación en estas instituciones. Esta disposición aplica exclusivamente a entidades del nivel nacional que integren jóvenes bajo esta modalidad.

Según lo dispuesto, el Departamento Administrativo de la Función Pública será el encargado de afiliar a los jóvenes al sistema general de riesgos laborales y realizar los pagos correspondientes, en concordancia con la normativa vigente. Las entidades deberán incorporar a estos jóvenes en sus sistemas existentes de gestión en salud y seguridad en el trabajo, mediante la identificación de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas preventivas para evitar accidentes o enfermedades laborales. Si se identifican nuevos peligros, deberán actuar de manera inmediata para mitigarlos. (Lea: Mintrabajo regula evaluaciones médicas laborales y actualiza requisitos de historia clínica ocupacional)

En caso de presentarse un accidente o enfermedad laboral, las entidades deberán reportarlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual notificará a la administradora de riesgos laborales correspondiente. Tanto las entidades como el Departamento deberán llevar un registro detallado de estos incidentes para implementar medidas de mejora continua. Además, se exigirá la realización de exámenes médicos de ingreso y retiro para verificar el estado de salud de los jóvenes antes y después del servicio.

Los jóvenes deberán participar activamente en actividades de promoción y prevención, como talleres, capacitaciones y simulacros. También serán incluidos en las evaluaciones de riesgos sicosociales con el fin de detectar posibles afectaciones emocionales o mentales derivadas del entorno laboral. Estas evaluaciones deberán ser enviadas a la Función Pública, que junto con las entidades responsables tomará las acciones necesarias para garantizar entornos seguros y saludables. Asimismo, se establecerá el nivel de riesgo de los jóvenes según la actividad económica de la entidad receptora.

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