En concepto jurídico, el Ministerio de la Protección Social consideró inconveniente el proyecto de ley que busca incentivar la utilización del salario integral en la economía colombiana para que este sirva de herramienta de flexibilización laboral, mediante la modificación del monto del mismo (P. L. 106/10S). La cartera señaló que modificar el mínimo del monto del salario integral en nada beneficiaría a los trabajadores, pues establecerlo en cinco salarios no garantizaría el fin de las prestaciones, como es la protección al trabajador en caso de quedar cesante, y no se reflejaría en un bienestar para él y su grupo familiar.