Una empresa no está legitimada para demandar la calificación de legalidad de un cese de actividades realizado por quienes no son sus trabajadores y subordinados.

Según la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando el empleador solicita la declaratoria de ilegalidad de una huelga, se debe a que considera que los trabajadores dejaron de prestar el servicio pactado como consecuencia de un conflicto colectivo entre ambos.

En su opinión, la Ley 1210 del 2008 cobija a las partes, es decir, al patrón y a los empleados, y no pretendió que personas naturales o jurídicas distintas a aquellas estuvieran legitimadas para ejercer la acción respectiva.

Si un tercero resulta perjudicado por el paro, debe acudir a otras acciones judiciales, y no ampararse en la Ley 1210, advierte la sentencia.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia 59697, abr. 10/13, M. P. Jorge Mauricio Burgos)