La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que la supresión de cargos en una entidad pública para contratar ilegalmente las funciones inherentes a ellos a través de cooperativas de trabajo asociado (CTA) viola las garantías laborales y desnaturaliza el contrato de prestación de servicios. Si se permite esa actuación, se les facilita a los nominadores desechar el concurso de méritos como regla general de ingreso a la función pública, evadir la responsabilidad prestacional y vulnerar derechos como la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades, señaló el alto tribunal. Con estos argumentos, la corporación ordenó a una empresa social del Estado reintegrar al demandante al cargo que venía ocupando en esa entidad y que había sido suprimido para realizar la vinculación mediante una CTA (C.P. Luis Rafael Vergara).