El Ministerio Público advirtió que las peticiones desmedidas y temerarias que los usuarios formulen a las entidades prestadoras de salud (EPS) deben ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes. El requerimiento se originó tras revisar el caso de una ciudadana que aprovechó un fallo de tutela en el que se ordenaron determinadas condiciones para la atención de su enfermedad para luego formular ante la EPS varias exigencias que la acción constitucional no contempló, como la provisión de calzado y de anteojos de determinadas marcas, la entrega de jugos y yogures únicamente de los sabores que ella indicara y el nombramiento de su hijo como enfermero personal, cuya capacitación y honorarios debían ser asumidos por la entidad. Si bien la Procuraduría resaltó la importancia de la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud, advirtió que deben adoptarse correctivos contra este tipo de exigencias que “desangran las finanzas del sistema”.