El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1610, que le asigna funciones a las inspecciones del trabajo. La norma se refiere a la función preventiva, que garantiza el cumplimiento de los derechos laborales; la coactiva o de policía administrativa, para requerir o sancionar a los responsables de la violación de una norma del trabajo; la función conciliadora, para intervenir en la solución de los conflictos laborales y agotar la vía gubernativa; la función de mejoramiento normativo, que pretende superar los vacíos que se presenten en la aplicación de disposiciones legales, y la función de acompañamiento, que garantiza que se cumplan las normas del sistema de riesgos laborales. Por otra parte, faculta a los funcionarios del Ministerio del Trabajo para imponer multas de entre 1 y 5.000 salarios mínimos por incumplimiento de las normas laborales. Además, indica que los inspectores podrán ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, cuando haya peligro inminente para los trabajadores.