La Ley 1636, que establece un mecanismo de protección al cesante (MPC), fue sancionada ayer por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Según el Ministerio del Trabajo, esta norma garantizará la protección social de los trabajadores en caso de quedar desempleados, ya que mantiene el acceso a salud, el ahorro a pensiones, el subsidio familiar y el acceso a servicios de intermediación y capacitación laboral.

La norma establece que todos los trabajadores de los sectores público y privado que hayan realizado aportes a las cajas de compensación familiar durante al menos un año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos tres años, en caso de ser dependientes, o de 24 meses, si son independientes, podrán acceder al beneficio.

Para ello, podrán decidir voluntariamente el porcentaje de cesantías que destinarán a cubrir la falta de ingresos, en caso de quedar desempleados.

La nueva ley también crea el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Desempleo (Fosfec), que garantizará un seguro solidario por un periodo que no superará los seis meses, una vez se hayan agotado los ahorros de las cuentas de ahorro individuales.

Además, los trabajadores dependientes o independientes que ahorren voluntariamente para el MPC recibirán un beneficio monetario proporcional a su ahorro, que se hará efectivo con cargo al Fosfec al quedar cesantes. Dicho incentivo estará definido en la reglamentación que expida el Gobierno.

En mayo pasado,  la iniciativa había sido objetada por el Gobierno, pues, a su juicio, delegar en el Ejecutivo la determinación de la naturaleza jurídica, el funcionamiento y régimen de inversión del Fosfec era inconstitucional.

El Ministerio del Trabajo tendrá un plazo de seis meses para expedir los decretos que garanticen la puesta en marcha del MPC.