Por realizar un acuerdo contrario a la libre competencia, que se tradujo en la restricción de los servicios de salud, afectar la transparencia en el sector y definir de manera indirecta el valor de la unidad de pago por capitación (UPC), 14 entidades promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo y la entidad que las agremia fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio con la máxima multa para este caso (2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes), es decir, $ 1.071 millones, para un total de $ 16.068 millones. El organismo también sancionó a varios de sus representantes legales, con multas que fluctúan entre $ 69.628.000 y $ 89.980.800.