La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequibles varias expresiones del Código Sustantivo del Trabajo y de otras normas que regularon la obligatoriedad del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales. Según el Ministerio Público, “la mera existencia y regulación del arbitraje no es, per se, contraria a la Constitución Política, incluso si se trata de arbitramento obligatorio”. Señaló además que ya la Corte Constitucional se había pronunciado sobre la procedencia del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales.