Por considerar que existen razones de importancia en relación con los derechos fundamentales de una pensionada docente a quien Cajanal le negó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le solicitó a la Corte Constitucional que seleccione la acción de tutela instaurada contra la entidad. Para el Ministerio Público, la acción contenciosa no resulta idónea para debatir los actos expedidos por Cajanal, ya que la accionante cuenta con 89 años de edad y someterla a un proceso contencioso administrativo representa una medida desproporcionada, en atención al promedio de duración de estos procesos. De otra parte, frente al mínimo vital, el procurador enfatizó que a la señora le fue reconocida una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia de $ 7.410, suma que a simple vista resulta insuficiente, si se tienen en cuenta sus condiciones personales y la imposibilidad de acceder al mercado laboral.