La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad de la norma que establece quiénes son los sujetos que incurren en conductas violatorias de las disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud (Ley 1438 del 2011, art. 130). Según el Ministerio Público, tanto las instrucciones y órdenes que imparta la Superintendencia de Salud como la violación a la normativa vigente al respecto deben fundarse en normas previstas en la Constitución Política, en la ley o en el reglamento con precisión y especificidad, para determinar de manera inequívoca tanto el sujeto responsable como su grado de responsabilidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes u obligaciones o incursión en prohibiciones.