La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse sobre las objeciones del Presidente de la República al proyecto de ley sobre pensión gracia para educadores (P. L. 114/09S-296/10C). Según el Ministerio Público, no hay claridad, certeza y pertinencia en las objeciones hechas por el Ejecutivo. Según la Presidencia, el proyecto genera un mandato nuevo con aplicación retroactiva, pues extiende a los docentes nacionales la posibilidad de que se beneficien de la pensión de gracia que solo está contemplada para los territoriales y nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980.