Antes de efectuar cualquier nombramiento o encargo, las entidades públicas deberán hacer un análisis sobre el impacto fiscal que se generaría en materia pensional, con el fin de “tomar decisiones antieconómicas e ineficientes en detrimento del patrimonio del Estado”, advirtió esta semana la Contraloría General de la República (CGR), ante el denominado “carrusel de las pensiones”. A través de una función de advertencia, el organismo recordó que algunas entidades han tenido la práctica de encargar o designar transitoriamente a funcionarios próximos a su jubilación en cargos superiores o con mayor asignación salarial, por cortos periodos, para cubrir vacantes provisionales o en empleos de libre nombramiento y remoción, lo cual tiene gran incidencia en el valor de las mesadas, según el régimen aplicable.