Aunque resulta razonable que ante el incumplimiento de las metas propuestas por parte de las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado (EPS-S) se pudieran adoptar medidas para resarcir los perjuicios ocasionados o se busquen mecanismos que optimicen la actividad, las disposiciones legales vigentes solo facultan a las entidades territoriales a poner en conocimiento del organismo de control las presuntas irregularidades para que se impongan las sanciones a que haya lugar, indicó el Ministerio de la Protección Social. Por lo tanto, no es posible descontar del valor total del contrato alguna suma de dinero como consecuencia del incumplimiento en los programas de promoción y prevención.