Las iniciativas para prevenir, identificar y llevar a juicio los casos de trabajo forzoso son con frecuencia insuficientes, a pesar de las buenas prácticas de algunos países, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la entidad, más de 21 millones de personas en el mundo son víctimas de esta conducta, que afecta, en su mayoría, al trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento.

Por ello, la importancia de las medidas para disuadir a los posibles infractores, fortalecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley, combatir la demanda de trabajo forzoso y reducir la vulnerabilidad de sus potenciales víctimas es cada vez mayor, agregó.

Aunque la mayoría de países ha adoptado una legislación que penaliza el trabajo forzoso, la sanción no siempre es lo suficientemente severa para tener un efecto disuasivo, pues, en algunos casos, se limita a multas o a penas de prisión demasiado breves, aclaró la OIT.

Ante este panorama, la organización evaluará la necesidad de emprender una acción normativa para complementar el Convenio sobre el trabajo forzoso número 29, de 1930, y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso número 105, de 1957, dando prioridad a la prevención de la conducta y la protección de las víctimas.

Consulte aquí el Informe para la discusión en la reunión tripartita de expertos sobre la posible adopción de un instrumento de la OIT que complemente el Convenio Número 29 de 1930.