Las evaluaciones médicas realizadas en los trámites administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez no pueden ser controvertidas como medio de prueba. Por tal razón, cuando existen conceptos médicos que discrepan en cuanto a la disminución de la capacidad laboral del funcionario, por ejemplo entre el emitido en el trámite administrativo y el de los peritos designados en el proceso, debe darse prelación al dictamen que emitan los expertos dentro del proceso, pues este sí puede ser controvertido. Así lo reiteró el Consejo de Estado al anular las resoluciones mediante las cuales el Ministerio de Defensa negó el reconocimiento de una pensión de invalidez de un miembro (r) del Ejército (C. P. Alfonso Vargas).