El Consejo de Estado precisó que el debido proceso administrativo comprende un mínimo de garantías, que incluyen el deber de las autoridades de comunicar la iniciación de un procedimiento y ofrecer una oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y presentar o controvertir pruebas. De esta forma, la Sección Primera anuló unas resoluciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en las que se sancionaba a una empresa por incumplir con el cupo de aprendices exigido. La entidad no permitió que la empresa controvirtiera los hechos y, por esa vía, no apreció un acta de compromiso que habían suscrito. En esa medida, concluyó que se había desconocido también el principio de confianza legítima (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno).