Se radicó un proyecto que agregaría un parágrafo al artículo 102 de la Ley 50/90, lo que permitiría a los maestros retirar las sumas abonadas por concepto de cesantías para destinarlas al pago de la educación superior de sus hijos o dependientes, a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según su preferencia y capacidad. Esta modificación surge como respuesta a la necesidad de otorgar trato igualitario a los maestros, quienes por ser sujetos de un régimen especial (Ley 91/89) no gozaban del beneficio previsto en la Ley 50.