La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que la diferencia salarial solo se justifica si existe una diferencia real en las funciones que la entidad pública demanda o exije del funcionario. Así, es necesario verificar que la persona ejerce las mismas labores, tiene iguales responsabilidades y debe cumplir los mismos requisitos del cargo con respecto al cual pretende la nivelación salarial, indicó. En ese sentido, recordó lo señalado por la Corte Constitucional en el sentido de que no toda diferencia salarial viola el principio “a trabajo igual, salario igual”, pues algunas razones objetivas la autorizan, como el ejercicio de funciones diferentes (C. P. Víctor Hernando Alvarado).