A través de la Resolución 3999 del pasado 5 de octubre, el Ministerio del Trabajo definió las condiciones jurídicas, técnicas y operativas que deberán cumplir las personas jurídicas interesadas en obtener y mantener autorización para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo, así como el alcance de los mismos. La Unidad del Servicio Público de Empleo realizará un acompañamiento previo al inicio del trámite, con el fin de facilitar la acreditación de requisitos, los cuales, además de infraestructura física, deben planificar la prestación de los servicios, mediante la elaboración de un proyecto de viabilidad que contenga la oferta, la definición de los recursos necesarios para la implementación de los procedimientos, metodología de seguimiento a indicadores de gestión y calidad y cronograma de implementación de los puntos de atención.